Contraloría Departamental del Valle atendió la denuncia de la “Veeduría ciudadana El Cerrito” referente a posibles irregularidades presentadas en el contrato de obra suscrito para “Demarcación de señales horizontales de tránsito en el casco urbano…”

El ente de control procedió a comisionar a los ingenieros de la Entidad para realizar una visita técnica que verifique el cumplimiento de las especificaciones de calidad, cantidad y precio de la obra.

La visita técnica realizada reportó irregularidades en la calidad de la pintura, diferencias entre la cantidad de obra ejecuta y la pagada, así como sobrecostos en los precios de los materiales, teniendo como referencia los análisis de precios de INVIAS.

La administración municipal reconoce que debido a error involuntario de interpretación de los precios unitarios relacionados en el listado de precios de la Gobernación, se incurrió en el error de pagar un mayor precio y por ende la cantidad final fue afectada.

Así mismo, mediante oficio, el municipio solicita se le conceda un plazo de 60 días con el fin de realizar los correctivos y ajustes para el cumplimiento de las especificaciones técnicas de calidad, cantidad y precios, refutados por el ente de control.

El plazo fue otorgado y el Municipio realizó las correcciones y ajustes referidos, especificando  los sectores intervenidos y corregidos, además de las nuevas áreas señalizadas. El Ente de control procede a realizar la visita técnica de verificación, comprobando que esta vez el municipio cumplía con las especificaciones determinadas en el contrato.

De esta manera, gracias a la atenta veeduría ciudadana y la oportuna intervención del ente de control, se generó un beneficio del control fiscal para la comunidad, pues se evitó la pérdida de  $52.815.016, cifra en la que avaluaron los técnicos de la Contraloría los perjuicios en los que se hubiera incurrido, si el ente de control no actúa.

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca invita a los ciudadanos a realizar una vigilancia activa de las inversiones y obras públicas, y a contar con el ente de control para salvaguardar los recursos presuntamente mal ejecutados.