Contraloría Valle evidencia presunto uso indebido de los recursos públicos en la Secretaría de Salud de Candelaria.

Presunto detrimento de $479.992800

En atención a denuncias ciudadanas atendidas sobre presuntas irregularidades en 29 contratos celebrados por la Secretaría de Salud de Candelaría, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, realizó una Visita Fiscal que permitió evidenciar 4 hallazgos administrativos con connotaciones disciplinarias, penales y fiscales, relacionadas con el uso indebido de los recursos públicos.

Detalle de los hallazgos

1. Celebración de navidad para niños en condiciones de vulnerabilidad, con recursos del erario. Hallazgo Administrativo con Incidencia disciplinaria, penal y fiscal.

La alcaldía Candelaria celebró un contrato cuyo objeto fue “suministro de juguetes para la celebración del aguinaldo navideño con niños y niñas en condición de vulnerabilidad …”  por valor de $170.000.000. Esta cifra se connotó como un presunto detrimento patrimonial toda vez que el Art. 2 del Decreto 2445 de 2000 prohíbe explícitamente la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público.

Así mismo, la presuntas irregularidades configuraron, según el Ente de Control, un “Peculado por aplicación oficial diferente”.

De acuerdo con el informe, esta situación se originó por falta de controles administrativos, jurídicos y financieros.

2. Contratación de ruta universitaria sin el cumplimiento de los requisitos legales. Hallazgo Administrativo con Incidencia disciplinaria, penal y fiscal.

Analizado el contrato celebrado por la Alcaldía de Candelaria para prestar “El servicio de transporte de ruta universitaria ida y regreso, para estudiantes matriculados en los centros de educación superior, residentes en el municipio de Candelaria, hacia las ciudades de Palmira y Cali” por valor de $179.992.800,  se evidencio falta de planeación en el proceso de contratación, toda vez que no se identificó debidamente la necesidad que justificaba el contrato ni los costos.

El Ente de Control verificó que no se determinó el número de estudiantes de cada universidad que se beneficiarían con dicho servicio ni se estableció la cantidad de rutas a contratar. Así mismo, no se observaron los registros de los estudiantes beneficiados, ni se pudo comprobar el número de buses contratados.

La actuación configuró un presunto detrimento patrimonial por valor de $179.992.800 y una posible falta de tipo penal tipificada como “Contrato sin cumplimiento de requisitos legales”.

3. Presunto peculado por apropiación en convenio interadministrativo. Hallazgo Administrativo con Incidencia disciplinaria, penal y fiscal.

Analizado el expediente del Convenio Interadministrativo suscrito entre la Alcaldía de Candelaria y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Palmira, cuyo objeto fue “…contribuir al funcionamiento del establecimiento penitenciario y carcelario de Palmira, con el fin de recibir personas (de Candelaria) sindicadas de detención preventiva y condenadas…” por valor de $70.000.000,  se configuró un presunto detrimento patrimonial equivalente a la misma cifra, toda vez que no se evidenció la compra de los muebles allí establecida. De igual manera, no se observó el análisis realizado para determinar el costo de los mismos.

Esta situación, que se configuró como un hallazgo con presunta connotación administrativa, disciplinaria y fiscal, tiene también una posible connotación penal, pues lo evidenciado configuraría un “Peculado por apropiación”.

4. Pago de contrato sin verificar su complimiento. Hallazgo Administrativo con Incidencia disciplinaria, penal y fiscal.

La Contraloría del Valle encontró irregularidades en el contrato suscrito por la Alcaldía para el “… suministro de víveres para las familias víctimas del conflicto armado…en el municipio de Candelaria”, por valor de $ 60.000.000 y pagado en una solo cuota. En la visita fiscal se evidenció que en la etapa de planeación no se justificó el gasto ni se detalló el valor unitario de los víveres definidos en contrato. Esta situación generó que la entidad no pudiera realizar el correcto seguimiento y control a los recursos públicos entregados para la ejecución al contratista.

De igual manera, el Ente de Control no encontró los soportes de entrega de los víveres a los beneficiarios ni la documentación que acreditara de manera certera su condición de víctimas del conflicto armado.

Por lo anterior se determinó un presunto daño al patrimonio público equivalente a $60.000.000 por el pago de actividades sin verificación de cumplimiento, lo cual también tipifica como una posible falta penal.

Los hallazgos disciplinarios y penales serán trasladados a las entidades competetes y la Subdirección de investigaciones fiscales de la Contraloría Departamental adelantará los procesos pertinentes hasta definir las responsabilidades fesicales, a las que hubiere lugar.