Contraloría Valle y Fiscalía General de la Nación se articulan para ganar eficacia y oportunidad en el control regional

Contraloría Departamental del Valle del Cauca, ha trasladado 563 hallazgos disciplinarios a la Procuraduría Regional

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, a través de la Secretaria General, Dra. Martha Rosmery Castrillón Rodríguez, se reunió  esta semana con el Dr. Efraín Becerra, asesor del Procurador General de la Nación, para compartir la información más relevante sobre el estado de la gestión fiscal en las entidades sujetos de control.

Esta actividad se enmarca dentro de la estrategia denominada “Con los pies en los territorios”, liderada por el Dr. Fernando Carrillo Flórez, Procurador General, buscando realizar un diagnóstico preciso y obtener una visión detallada sobre la situación en las regiones.

Como hecho destacado, se estableció que como producto del ejercicio de control de la Contraloría Departamental del Valle, durante las vigencias 2016, 2017 y lo corrido de 2018, se han trasladado 563 hallazgos disciplinarios a la Procuraduría Regional, para que se adelanten los respectivos procesos.

Así mismo, en la reunión, el ente de control regional expuso como problemática de mayor impacto en la región, la situación de la Industria de Licores del Valle, cuyas deficiencias en la gestión fiscal significaron un déficit aproximado de $41.454 millones de pesos para las finanzas del departamento, durante las vigencias 2016 y 2017.

También se destacó la situación del sector salud, en especial la de los hospitales Mario Correa Rengifo y el Universitario del Valle - HUV. Precisamente, sobre el HUV se expusieron las deficiencias de tipo administrativo, los problemas en el proceso de facturación que arrojaron glosas acumuladas a 31 de diciembre de 2015 por $32.295 millones. También se comentaron los problemas ocasionados por la tercerización de los servicios muy poco rentables para esta entidad.

Igualmente, tanto en la ILV como en los hospitales se puso en evidencia la ineficiente gestión de cartera que conlleva pérdidas millonarias de los recursos públicos.

De igual manera, se destacaron problemáticas de contratación en estas entidades del sector salud al igual que en los municipios.

Por otra parte, se presentó la situación de Acuavalle S.A E.S. P, entidad que en la Auditoría de la vigencia 2016 evidenció hallazgos en contratos de obra y en la gestión de la contratación en general; además de malas prácticas administrativas y embargos judiciales por $18.197 millones de pesos.

Otra empresa referida por el Ente de Control fue EMCARTAGO, la cual se encuentra en alto riesgo de inviabilidad financiera y evidencia fallas en el sistema de planificación.

La crítica situación del agua en el sector rural.

Finalmente, frente al tema medioambiental, la Contraloría Departamental del Valle resaltó la ineficacia de las administraciones municipales para desarrollar proyectos ambientales efectivos para enfrentar las problemáticas del sector que ya han sido ya diagnosticadas en los respectivos Planes de Desarrollo.

También, se enfatizó en el aumento del número de municipios descertificados en agua potable y saneamiento básico, lo cual no permite que los recursos que se giran a través del Sistema General de Participaciones, lleguen a lo presupuestos municipales.

Así mismo, se evidenció la falta de inversión en los sistemas de potabilización del agua en las zonas rurales y el incremento en el número de acueductos rurales con IRCA mayor a 80%; es decir, sistemas de abastecimiento en los cuales el agua es inadecuada para el consumo humano.

De esta articulación entre la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría del Valle se espera, una mayor eficacia y oportunidad en el control y las respectivas sanciones, tal como la señala la Constitución y la Ley.